Hablemos de la SGAE, o de Vocento Mediatrader, pero nunca digamos que son unos “ladrones” o que “sus ofertas de trabajo son bastante pobres”. La libertad de opinión en Internet está en peligro. Los casos de Julio Alonso (Merodeando), que fue acusado de instigar un Google Bombing en contra de la SGAE, usando la palabra ladrones; o el más reciente de Carlos Albaladejo (Gonzolog.net), que también ha recibido un burofax de los abogados de Vocento para que retirase comentarios que aparecían en su blog escritos por terceras personas, son sólo dos ejemplos. Y es que las demandas a blogueros estadounidenses están aumentando exponencialmente, y en España, nuestras bestias del capital, están probando las mismas fórmulas para sentar jurisprudencia.

Pocos saben ya lo que es la LSSI, ni se acuerdan de ella. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, promulgada en la era hierro de Aznar, supuso el cierre de cientos y cientos de dominios web en nuestro país como protesta a la violación que suponía para los informáticos y ciudadanos que tenían un dominio en la red y este no mostraba sus datos personales, NIF y dirección de aquel que publicaba contenidos en la red, o no guardaba los datos personales de los autores de los comentarios que en sus foros o post los internautas debajaban. Tampoco podía un simple ciudadano ganar unos lereles a partir de entonces, por tener banners en su web, como hasta entonces era habitual.

La web que por aquel entonces yo gestionaba, www.CachOOnda.com , fruto de un programa de radio de humor que emitíamos en directo en una radio universitaria de Guadalajara, y que también grabábamos y colgábamos en dicha web para escucha streaming, tuvo que desaparecer, al alarmarme de incumplir dicha ley, pues nadie hace pública su dirección ni su NIF así como así. De hecho todos los que tenemos un blog, estamos incumpliendo la ley, por no decir quiénes somos. Y si no que se lo digan a la web ALasBarricadas.org.

Hoy por hoy, que vuelvo a Internet con fuerza, veo como la censura se está imponiendo en la red por los poderosos y gracias a leyes como esta, que son aprovechadas por las empresas para hacer responsables a los autores de blogs de los comentarios que sus visitantes vierten en los mismos.

A estas alturas, por ejemplo, decir que Telefónica fue regalada por el gobierno Aznar y con ella toda una red de comunicaciones que era propiedad en parte del estado, es peligroso. Decir que Telefónica usa esa red realquilando a su competencia la misma y abusa de su poder no gestionando las incidencias en su red cuando el cliente es de otra compañia, es doblemente peligroso. Decir que su principal estrategia comercial es que los clientes de su competencia se cansen de sus empresas de Internet por culpa de una incidencia responsabilidad de Telefónica en los mal conservados pares de cobre, es verdad, pero si me googlea Telefónica me puede costar una demanda. Y si ya digo que es la compañia que controla el mercado en Internet, y que por ellos Internet es tan caro en España con respecto a Europa, este post puede ser una hecatombe.

Es por eso que todo lo que he dicho en el párrafo anterior es mentira ¿o no?. Ha llegado un punto en Internet en el que escribir en un blog es una situación de riesgo. Opinar o decir verdades sobre una empresa, cuando en este país la Constitución establece el derecho de opinión y de expresión, se ha convertido en un delito. Vale que los poderosos serán siempre los poderosos, pero la justicia, debería tomar cartas en el asunto. Sin difamar a una empresa, se puede expresar una opinión e incluso contar una noticia, como han hecho Julio Alonso y Carlos Albadalejo, o cómo hacen muchos periodistas valientes (todavía quedan algunos) día a día.

A ningún usuario, los sistemas de blogs le avisan que debería insertar un texto legal en su web para evitar problemas de este tipo. Pero tampoco a ninguna empresa le han dicho que los culpables de que la gente opine no son los blogs, si no la mala gestión de las propias empresas de cara al usuario. Pero claro, es más fácil acojonar a un bloguero con un burofax que recopilar los 50 comentarios de un post, que pueden ser los verdaderamente difamatorios, y pedir al responsable de la web o al sistema de blogs que ceda las IP´s de quienes emitieron tales comentarios, en colaboración con la Policía o la Guardia Civil en sus departamentos de delitos telemáticos.

¿Somos libres de opinar por tanto? ¿Somos libres de informar? Esta claro que no. Y hablo de opinar e informar sin difamar, realizandolo con objetividad, ya que para lo contrario ya tenemos escuela con Jimenez Losantos. Es por ello, que este post está dedicado a esos dos valientes que un día decidieron decirle al mundo lo que todos piensan: LA VERDAD, por mucho que les pese a las poderosas empresas, que por cierto, con pagar a Google las primeras posiciones del buscador, eliminarían la mala imagen de sus marcas y empresas evitando así tipo de problemas.

Por cierto, si buscan SGAE seguido de la palabra ladrones en Google, sigue apareciendo una web en el segundo puesto que hizo Google Boombing. ¿Es lícito por tanto que solo se demande a Julio Alonso? ¿Es justo que no puedan existir páginas como www.trabajobasura.com cerradas por presiones externas? ¿Hasta que punto la información y la opinión es libre en este país? Los blogs se convierten a veces, al igual que los chats, en lugares de reunión de opinión 2.0. ¿También nos van a prohibir el derecho a la reunión en internet?

Son preguntas al aire, son opiniones personales de este humilde estudiante de periodismo que no tiene un duro. Es por ello que, por favor, les pido que no comenten en mi blog o Telefónica se reserva el derecho de pedirme que elimine su opinión, o la mía, querido lector.